Desarmando al 11 de enero

Hay varios aspectos de esta fatídica fecha que se deben, o desarmar o aclarar, puesto que aun después de cumplido un año, es un día que genera mucha confusión entre las personas.


La Razón.

La razón de la movilización de los sectores afines al gobierno (principalmente cocaleros) en contra del Prefecto de Cochabamba, en el sentido de que al proponer un nuevo referéndum por las autonomías, estaría menospreciando el voto de los cochabambinos en el referéndum previo, no fue más que un pretexto.

Nada más democrático que permitir que sea el mismo pueblo quien reconsidere su posición (o decisión) a través de una nueva consulta. Si los sectores sociales del gobierno fueran, como dicen ser, los grandes defensores de las consultas populares, no hubieran permitido que el Presidente Morales desconozca, alegre y arbitrariamente, dos decisiones de los bolivianos tomadas en el referéndum del gas, a saber: El aval otorgado a la política de “gas por mar”, y la decisión de invertir los recursos del IDH en salud, caminos y educación.


El Agravio a las clases medias.

La violencia nunca se puede (y si se puede no se debe) justificar. Sin embargo, es importante realizar una explicación de las razones que llevaron a las clases medias urbanas a salir a las calles, lo que posterior y naturalmente, debido a la tensión y estado de beligerancia generalizados, desembocó en el atroz enfrentamiento entre compatriotas.

- Las movilizaciones continuas y en constante ascenso desde el año 2000, han hastiado a los habitantes de los centros urbanos.
- El pedido de renuncia al Prefecto de Cochabamba representaba el rechazo unilateral y arbitrario a una decisión tomada por todos dentro del marco de la democracia.
- La quema del edificio prefecturál, sumada a la orden de la ministra de gobierno de replegar a la policía (donde manda ministra no manda prefecto, dijo), en el momento en que la institución del orden pretendía proteger la propiedad pública, generó la sensación de abandono y ausencia deliberada de Estado.
- Muchos ciudadanos son obligados a quitarse las corbatas so pena de ser agredidos por los sectores movilizados.
- El no permitir, por la fuerza, una concentración cívica en defensa de la investidura democrática del Prefecto (el 10 de enero) causó la sensación de que las calles eran propiedad de los sectores afines al MAS, y de que ellos eran los únicos con posibilidad de ejercer el derecho a la protesta.

Estas y algunas otras razones, creemos, harían que aflore la indignación de cualquier mortal. Por lo tanto, decir que la manifestación del 11 de enero fue un acto racista, no es más que una falacia.


Participaciones.

Se ha especulado muchísimo en torno a la participación y apoyo material y logístico del gobierno del MAS, la prefectura y la alcaldía. Pero la única participación hecha evidente con el apoyo de pruebas (fotografías y hechos conocidos en los medios) fue la del gobierno.

Fotografías de Omar Fernandez y Celima Torrico entre otros, participando en las movilizaciones, y el apoyo de defensa civil, entregando a los cocaleros vituallas destinadas a desastres naturales y emergencias, hacen innegable la participación del gobierno y, por lo tanto, refuerzan la tesis del intento de ejecutar un golpe civil al Prefecto de Cochabamba.

Por lo demás, no se obtuvo ni una sola prueba de que la prefectura o la alcaldía, e incluso instituciones de otros departamentos del país, hayan participado o apoyado a alguna de las partes en conflicto.


Finalmente.

Todos los argumentos aquí planteados son corroborados por pruebas y hechos conocidos, basta con echar un vistazo a la información de prensa de esos días.

Lastimosamente, desarmando el rompecabezas de enero 11, una de las conclusiones más lógicas a la que podemos llegar es que el gobierno y sus sectores sociales, o los sectores sociales del gobierno en complicidad con éste, intentaron ejecutar un golpe civil a Manfred Reyes Villa, por la única razón de ser opositor, una suerte de piedra en el zapato del MAS, justo en su plaza electoral más fuerte, Cochabamba.

Otra conclusión lógica es que la tesis de una guerra civil en Bolivia, de profundizarse la situación de hostilidad y tensión, es perfectamente posible, puesto que lo del 11 de enero en Cochabamba podría funcionar como una suerte de “ensayo” en pequeña escala.

Como última conclusión, si bien es cierto que cada ciudadano y autoridad debe sentirse responsable de lo sucedido y en la obligación de evitar que se repita, es el gobierno del MAS el principal responsable, y el Presidente Morales como cabeza del órgano ejecutivo, puesto que es este órgano del Estado el encargado de resguardar la propiedad pública y privada, y el responsable de la seguridad de los bolivianos.